La campaña, promovida desde la agrupación Bases Federadas, sumó adhesiones de diferentes perfiles y zonas del país. Baravalle precisó que el 62% corresponde a productores de cría, 24% a ciclo completo, 6% a recría, 10% a lechería, 2% a feedlots y 8% a otros rubros. En cuanto al origen, firmantes llegan de 18 provincias, lo que evidencia un desacuerdo extendido con la medida que el gobierno de Javier Milei busca aplicar desde 2026.

El malestar se explica por el costo directo de los chips electrónicos, estimado en 1,70 dólares por ternero. Con unos 15 millones de nacimientos anuales, la medida agregaría más de 25 millones de dólares por año a la base de gastos de los criadores. Incluso sectores autoconvocados que suelen distanciarse ideológicamente de Bases Federadas se sumaron al reclamo, unidos por el rechazo a una imposición que consideran poco útil para la etapa de cría.

En diálogo con este medio, Baravalle insistió en que no se oponen a la tecnología, sino a que el sistema sea obligatorio. “El malestar es grande. Los funcionarios están a tiempo de reflexionar y dejarlo voluntario. Aquel que quiera mejorar la recolección de datos, que lo haga; bienvenido sea”, planteó. La crítica central apunta a que la medida no mejora la eficiencia reproductiva, objetivo prioritario para los productores de cría.

La iniciativa de trazabilidad individual fue impulsada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y reglamentada por Senasa. Las caravanas electrónicas contienen los mismos datos que las actuales, pero permiten lectura rápida y manejo eficiente de grandes volúmenes de información. Lo llamativo, según destaca Bichos de Campo, es que un gobierno que se define liberal haya impuesto el sistema de forma obligatoria y trasladado su costo al criador tras una licitación fallida.

Mientras que las entidades de la Mesa de Enlace acompañaron el cambio —con algunas excepciones dentro de CRA—, Baravalle mantuvo su postura crítica desde Bases Federadas. Su rebeldía, explicó, surge de que la medida se presenta como una imposición que no reconoce la realidad de costos del sector de cría. Además, recordó que la eficiencia reproductiva depende de otros factores prioritarios, como la sanidad, el control de toros o el servicio de tacto.

El productor sostiene que los criadores podrían verse obligados a recortar gastos esenciales para absorber el costo de las caravanas, lo que afectaría directamente los índices reproductivos. “Puede funcionar en feedlots, pero en cría no va a mejorar nada. Es como hacer un copia y pegue de un modelo que no corresponde”, advirtió. También consideró “irrisorio” que la carga económica recaiga sobre el criador, cuando el beneficio se vería principalmente en etapas posteriores de la cadena.

Baravalle aseguró que su postura ha sumado apoyos incluso entre productores con visiones políticas opuestas. “Todos coincidimos en algo: si es tan buena la trazabilidad, ganate el mercado. Cuando el productor vea un beneficio en el precio del ternero, lo irá incorporando. Lo que no corresponde es imponerlo y generar más problemas”, concluyó.

fuente:valor agro