Un nuevo frente de conflicto se abrió en el Congreso con la presentación de un proyecto de ley que propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La iniciativa fue impulsada por la diputada correntina Sofía Brambilla (PRO), quien cuenta con el respaldo de otros veinte legisladores, incluidos referentes del macrismo porteño como Silvia Lospennato.

La propuesta busca derogar la Ley 25.564, disolver el ente regulador y transferir sus recursos a la Secretaría de Agricultura. Brambilla sostiene que el INYM, creado para defender el precio de la hoja verde que producen principalmente los pequeños colonos misioneros, fue en realidad “una estructura burocrática” que ahogó al sector con regulaciones y falta de transparencia.

La legisladora, oriunda de una provincia que históricamente se opuso al funcionamiento del INYM, representa a una parte del negocio yerbatero concentrado en Corrientes, donde operan grandes empresas del rubro. En contraposición, en Misiones la yerba es cultivada por miles de pequeños productores que hoy están cobrando precios por debajo de sus costos.

En ese contexto, la disolución del INYM significaría eliminar el único instrumento que protegía el precio de la materia prima, función que hoy está vacante desde que el gobierno de Javier Milei no designó nuevas autoridades para el organismo. Según los últimos datos, el precio de la hoja verde ronda los $280 por kilo, cuando el costo de producción estimado es de $380.

Reclamos desde Misiones y llamado a asamblea en San Vicente

Mientras en el Congreso se discute la disolución, en Misiones crecen los reclamos para que el gobierno provincial cree su propio Instituto Misionero de la Yerba Mate. Productores sostienen que la desregulación actual sólo favorece a los grandes industriales y exportadores, y que el Estado nacional abandonó a los pequeños eslabones de la cadena.

Este viernes se realizará una asamblea en San Vicente para debatir posibles medidas de protesta ante el quebranto que vive el sector. Muchos colonos aseguran estar vendiendo por debajo de los costos, lo que vuelve inviable la continuidad de sus actividades. La creación de un ente regulador provincial aparece como única alternativa.

Brambilla argumenta que su propuesta responde a reclamos del sector productivo y busca agilizar el funcionamiento del mercado yerbatero, pero los productores misioneros temen una mayor concentración y pérdida total de protección. Además, desde el sector denuncian que la falta de control habilita abusos de los grandes compradores.

La avanzada del PRO en línea con la política económica de Milei marca un quiebre definitivo con el modelo de regulación que rigió durante dos décadas en el sector yerbatero. La discusión, lejos de agotarse en el Congreso, promete escalar con nuevas protestas en el NEA.