En la provincia de Buenos Aires, la tensión entre productores agropecuarios y municipios por el cobro de tasas viales se agudiza. Según un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en los últimos años el valor de este tributo creció en promedio más de 40% medido en kilos de trigo o soja respecto a 2019. Sin embargo, los caminos rurales —clave para sacar la producción y conectar a las comunidades— continúan en gran parte en estado regular o malo.

El caso de Necochea es uno de los más polémicos. Allí, la tasa vial ronda los $17.000 por hectárea al año, con un incremento del 45% respecto al primer trimestre de 2024. Según Carbap, el municipio recauda más de $6 millones por kilómetro de camino al año, pero los productores afirman que el estado de las rutas rurales no refleja esa inversión.

El intendente local, Arturo Rojas, defendió su administración y aseguró que el mantenimiento anual supera al de gestiones anteriores. Según datos del Ente Vial, en promedio se realizan 479 alteos, 525 kilómetros de reconstrucción, 2910 kilómetros de repaso, más de 80.000 metros cúbicos de tosca y decenas de alcantarillas. Además, se adquirieron vehículos y maquinaria pesada desde 2021.

Rojas destacó que los productores integran la mesa de conducción del Ente y que quienes pagan en término obtienen descuentos de hasta el 45%. “Mirar el valor sin el descuento es injusto”, remarcó. Además, indicó que este año se sumarán nuevas motoniveladoras, camiones y palas cargadoras para mejorar la infraestructura vial.

En Chivilcoy, el malestar también es fuerte. Según la productora Laura Fernández Cagnone, el distrito tiene una de las tasas más elevadas de la provincia y una contraprestación “mínima”. Además, existe un cobro adicional por “lucha contra plagas” que, según afirmó, no se ejecuta. Una asamblea de productores con autoridades locales terminó sin soluciones concretas y derivó en intimaciones a quienes adeudan el tributo.

Desde la municipalidad, el intendente Guillermo Britos negó aumentos en 2025 y aseguró que la tasa vial se calcula tomando como referencia el valor de soja, maíz, trigo y carne. Explicó que los montos incluyen otros conceptos, como tasas de seguridad y asistencia hospitalaria, lo que puede generar confusión. “Si se suma todo y se divide por hectárea, el resultado no corresponde únicamente a la tasa vial”, señaló.

Azul: el reclamo por fondos y mantenimiento

En Azul, aunque el distrito no figura en el relevamiento de Carbap, los productores denuncian un escenario “desastroso”. Según el vecino Juan Carlos Luongo, los fondos recaudados por la tasa vial no se destinan exclusivamente a la red rural, sino también a gastos urbanos. La consecuencia, dijo, es una infraestructura colapsada: caminos intransitables, puentes dañados y zonas anegadas sin mantenimiento.

El productor aseguró que existe un reclamo judicial por la supuesta inconstitucionalidad del cobro, pero que aún no tiene definición. Acusó al intendente Nelson Sombra de no recorrer las zonas afectadas y de no movilizar maquinaria para reparaciones mínimas. “No hay movimiento alguno; circular es una travesía que rompe vehículos y retrasa la producción”, describió.

La problemática de los caminos rurales bonaerenses no es nueva. Los productores argumentan que las tasas viales, creadas para financiar el mantenimiento de esta red, en muchos casos no cumplen su objetivo y se destinan parcialmente a otros fines. Esto genera un círculo de deterioro que afecta la competitividad y la calidad de vida en las zonas productivas.

Del lado de los municipios, los jefes comunales sostienen que cumplen con los trabajos previstos y que los costos de insumos y maquinaria crecieron más que la recaudación. También destacan que los descuentos para pagos puntuales reducen significativamente la carga tributaria efectiva.

Mientras tanto, los caminos siguen siendo un factor crítico para el campo bonaerense. Con más de 120.000 kilómetros de trazas de tierra en la provincia, las lluvias y el tránsito pesado exigen un mantenimiento constante. La disputa por la eficiencia en el uso de los fondos promete seguir siendo un foco de conflicto entre el sector rural y las intendencias.

En este contexto, las entidades agropecuarias reclaman mayor transparencia en la asignación de los recursos y un control más estricto sobre el destino de la tasa vial. “No se trata solo de cuánto se cobra, sino de que el dinero vuelva a los caminos”, resumen los productores.