El secretario general de APINTA Corrientes, Gabriel Escobar Bonfanti, advirtió este jueves en diálogo con LT7 que los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentran en estado de alerta ante los reiterados intentos del Gobierno nacional por achicar el organismo, con un impacto directo en el empleo y el funcionamiento de sus delegaciones.

«Cada vez que hablan de achicar el gasto público, están hablando de personas», expresó Bonfanti, al referirse a los planes de recorte presupuestario que viene enfrentando el INTA desde el inicio de la gestión actual. Explicó que en 2023 la planta ya se redujo por jubilaciones y retiros voluntarios, y que ahora se pretende avanzar con más bajas, principalmente entre los trabajadores contratados.

El dirigente gremial también alertó que, si bien aún no se concretó la resolución, el último Consejo del INTA habilitó que los recursos humanos y administrativos pasen a depender de decisiones externas al organismo. «Esto significa que el personal del INTA podría quedar bajo el control de un consejo ajeno, sin experiencia en investigación ni conocimiento del territorio», explicó en realación a medidas devenidas desde Nación.

En ese sentido, señaló que «el INTA funciona con su gente adentro, es la única forma», y recordó que, incluso con una planta muy por debajo de la óptima —7.150 trabajadores según un análisis del gobierno de Macri—, se continúa prestando servicio a productores y comunidades rurales.

Además de la problemática laboral, Bonfanti subrayó la grave situación presupuestaria: «Los vehículos están deteriorados, faltan insumos para trabajar en el campo, y todo se sostiene con convenios para conseguir ingresos extra». También cuestionó la idea oficial de que el INTA se autosustente con fondos externos, lo que, advirtió, implicaría «trabajar solo para quien pueda pagar», dejando afuera al pequeño productor.

Sobre la reestructuración interna, explicó que algunas delegaciones como Curuzú y Sauce, o Goya y Esquina, están siendo unificadas en la práctica: «No se echaría gente, pero se elimina una jefatura y la estructura se compacta. Eso se puede aceptar, el problema es cuando empiezan a sacar personal».

Finalmente, mencionó el caso del terreno judicializado en Santo Tomé, donde existía un proyecto abandonado por falta de presupuesto: «Probablemente terminen vendiéndolo. Así estamos, con un equipo que hace un esfuerzo monumental, pero cada vez se pone más difícil».

Bonfanti confirmó además la adhesión de APINTA al paro general de este jueves: «Somos empleados públicos, defendemos lo público. Este gobierno quiere dilapidar las instituciones y no lo podemos permitir».