Un informe del Instituto de Investigaciones para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, advirtió que para reactivar la economía y sostener el crecimiento es necesario eliminar de manera urgente impuestos que representan el 7,6% del Producto Bruto Interno (PBI). El estudio, elaborado por el economista Osvaldo Giordano, sostiene que la rebaja de retenciones anunciada por el Gobierno tendrá un impacto mínimo en la producción y que, en cambio, beneficiará de manera indirecta a las provincias.

Giordano plantea que la falta de coordinación entre Nación, provincias y municipios para encarar una reforma fiscal profunda genera un “techo” al crecimiento económico. “Tan rápido como se recuperó la producción, comenzaron a operar los factores que le ponen un techo. No hay fenómenos nuevos, sino trabas históricas profundamente enquistadas”, señaló el titular del IERAL.

El economista considera que “el gradualismo no alcanza” y que se necesita una estrategia más ambiciosa. Según sus estimaciones, los tributos que deberían eliminarse por su efecto negativo sobre la producción suman más del 7,6% del PBI. Entre ellos menciona el impuesto a los Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, las retenciones a las exportaciones, el impuesto a los sellos y las tasas municipales sobre ventas.

Además, Giordano destaca que, aunque existen otros gravámenes que deberían revisarse —como las contribuciones patronales—, la eliminación de esos cinco tributos representaría un alivio directo a la competitividad de la economía. Actualmente, estos impuestos aportan más de una cuarta parte de los ingresos totales del Estado.

En cuanto a la reciente baja de retenciones, el informe señala que la pérdida de recursos para el fisco nacional será equivalente al 0,2% del PBI. Si bien este recorte supone un esfuerzo importante en relación al superávit financiero (0,3% del PBI), Giordano advierte que el beneficio para la producción será “prácticamente imperceptible” frente al desafío estructural de eliminar los impuestos más distorsivos.

El estudio también identifica una paradoja fiscal: gran parte de la recaudación perdida por la Nación se recuperará con subas en otros tributos, como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales, muchos de los cuales son coparticipados. Esto significa que, con el tiempo, serán las provincias las que reciban más recursos, lo que podría incentivar un aumento del gasto corriente en lugar de inversiones productivas.

Para Giordano, “resignarse a mantener impuestos que dañan la competitividad por temor a perder el superávit fiscal no es la mejor alternativa”. El economista propone que los tres niveles de gobierno coordinen una estrategia para que la recaudación provenga de tributos más eficientes, como IVA, Ganancias e impuestos al patrimonio, compensando así la eliminación de los gravámenes más perjudiciales.

El debate sobre la reforma tributaria también está vinculado a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo firmado en abril prevé que el Gobierno presente antes de fin de año un proyecto de reforma impositiva que sea “neutral en materia de ingresos”, es decir, con menos impuestos pero manteniendo la recaudación. Entre los objetivos figura eliminar el impuesto al cheque y los tributos que encarecen el crédito.

En los planes oficiales también se evalúa transferir a las provincias la administración del IVA, para que compitan entre sí ofreciendo alícuotas más atractivas a las empresas. Sin embargo, esta medida requeriría una negociación política compleja y un amplio acuerdo federal.

Si el Ejecutivo presenta la propuesta este año, su tratamiento en el Congreso se daría recién en 2026, con una eventual entrada en vigencia plena en 2027. Aunque el oficialismo podría mejorar su representación legislativa en las elecciones de octubre, no alcanzaría el control de las cámaras, por lo que debería consensuar con las provincias y otros bloques para avanzar en una reforma de esta magnitud.