En un fallo que marcó un giro clave en el conflicto por la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, la Justicia Federal intimó al Poder Ejecutivo Nacional al «inmediato cumplimiento» de una medida cautelar que ordena dejar sin efecto la disponibilidad de 286 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La decisión, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, contempla además una sanción de $10 millones por cada día de demora y la advertencia de consecuencias penales para los funcionarios que desobedezcan la orden.

La resolución fue recibida con alivio en Corrientes, donde unas 80 familias dependían directamente de los puestos de trabajo en la experimental y sus agencias. Gabriel Escobar, secretario de APINTA seccional Corrientes, destacó: «Lo vemos muy positivo, estamos un poco más calmados. Lo que pasó iba a ser un desastre: dependíamos solamente del Ministerio de Agricultura y Economía sin administraciones propias en los INTA. Ahora seguimos trabajando normalmente, pero siempre en alerta».

El dirigente gremial relató la incertidumbre vivida por los trabajadores: «Son 80 familias que estaban en peligro. Imaginate la angustia cuando nos enteramos de las disponibilidades, era una locura pensar cómo íbamos a pagar la luz, el agua o los sueldos».

Escobar también remarcó que, pese al contexto de conflicto, el compromiso laboral se mantuvo firme: «Siempre le encontramos la vuelta para seguir laborando, investigando y acompañando a los productores. El INTA tiene una relación muy fuerte con el sector privado y con las organizaciones agrarias, que nos respaldaron en este proceso».

Finalmente, agradeció el acompañamiento recibido: «Si no hubiésemos tenido el respaldo de los medios, de los pequeños productores y de la comunidad, esto no habría sido posible. Ese apoyo es lo que nos da tranquilidad para seguir trabajando».

fuente:lt7