Un fallo judicial volvió a poner en debate la transparencia en el uso de fondos públicos en zonas rurales. La Justicia bonaerense le ordenó a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, cuya cabecera es Henderson, que informe en detalle cómo utiliza el dinero que recauda mediante la tasa vial. La resolución responde a un recurso de amparo presentado por productores agropecuarios de la zona ante los fuertes aumentos aplicados en los últimos años.

El juez Pablo Cristian Germain, del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Trenque Lauquen, remarcó la necesidad de garantizar “la transparencia de la gestión de gobierno” y de asegurar “la rendición de cuentas en la gestión pública”. En su fallo, otorgó 30 días hábiles al municipio para entregar la información solicitada de forma completa, veraz y adecuada.

Los productores, encabezados por Rafael Hary, miembro de la Asociación Rural de Henderson, sostienen que los aumentos aplicados son desmedidos. En 2023, la tasa creció un 130% sobre el 80% de incremento del año anterior, y en 2024 se disparó un 220%. “Nos pareció exorbitante. Estaba por encima de muchos otros ítems impositivos”, explicó Hary en declaraciones a LA NACION.

En marzo, los productores presentaron un pedido de informes, pero la respuesta del municipio fue insuficiente. Por eso, en mayo recurrieron a la Justicia. “Estamos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos. No pedimos nada más que información pública”, agregó Hary. Lo acompañan en la acción judicial otros ocho productores rurales.

La información requerida incluye balances contables de los últimos cuatro años, detalles de pagos por arreglos de caminos rurales y documentación como cheques emitidos por la comuna. Esto podría demorar meses en resolverse completamente, aunque marca un precedente en cuanto a la exigencia de transparencia por parte del sector agropecuario.

El abogado que representa a los productores, Pablo Abdon Torres Barthe, es conocido por su historial de causas contra municipios por el uso de tasas rurales. En 2023, tuvo un rol clave en el caso de Villa Saralegui, Santa Fe, donde los productores se negaron a pagar una tasa que había aumentado 430%. Finalmente, en 2024, la comuna fue intervenida por el gobierno provincial.

Torres Barthe también impulsó un fallo clave en mayo de este año, cuando la Justicia santafesina declaró inconstitucional un artículo de la ley 5066 que permitía a las comunas cobrar deudas rurales mediante juicios de apremio. Esa decisión reafirmó la necesidad de respetar el debido proceso y el derecho a la información en la administración de fondos públicos.

El caso de Henderson podría sentar un precedente para otros municipios del país, en un contexto donde el campo exige no solo menor presión fiscal, sino también claridad sobre cómo se usan los fondos que aporta.