El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció esta semana que impondrá derechos antidumping y compensatorios a las importaciones del herbicida 2,4-D procedentes de China e India. Aunque aún no se comunicó el monto exacto de los aranceles, se descuenta que será suficiente para bloquear su ingreso al mercado.

La medida, parte de la política proteccionista impulsada por el expresidente Donald Trump, encendió las alarmas entre los “farmers”. Tanto la Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA) como la Asociación de Productores de Soja (ASA) manifestaron su rechazo y preocupación por el impacto en la producción.

“El anuncio de estos aranceles es decepcionante para los productores de soja que dependen de insumos importados como el 2,4-D para el control de malezas antes de la siembra”, señaló Caleb Ragland, presidente de ASA y productor en Kentucky.

Por su parte, Kenneth Hartman Jr., presidente de la NCGA, advirtió que la decisión obligará a los agricultores a depender de un solo proveedor nacional, lo que podría encarecer los costos y limitar el acceso a insumos claves para los cultivos.

Ambos dirigentes testificaron en abril ante el Departamento de Comercio para intentar frenar la medida. Argumentaron que el 2,4-D genérico importado no compite con el 2,4-D colina fabricado por Corteva, cuyo uso está ligado al paquete tecnológico de la soja Enlist, que domina el 60% del mercado.

Las asociaciones del agro temen ahora una escasez del herbicida en el mercado interno y un aumento sustancial de su precio, lo que impactaría directamente en los márgenes de los productores en plena campaña.

Desde la administración Trump aseguraron que cualquier pérdida de competitividad será compensada con subsidios. Sin embargo, el sector advierte que, aunque eso pueda funcionar en el corto plazo, a mediano y largo plazo genera dependencia estatal y distorsiona el mercado.