El Gobierno nacional oficializó este martes una reestructuración profunda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejará de ser un organismo autárquico y pasará a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, bajo la figura de ente desconcentrado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 462/2025.

La decisión forma parte de una serie de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Junto con el INTA, se confirmó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), entre otros entes estatales.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien estuvo acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos defendieron los cambios como parte de un plan de “eficiencia estatal” y “reducción de gastos innecesarios”.

Adorni remarcó que el INTA había duplicado su planta de personal en los últimos 20 años y que su estructura resultaba “sobredimensionada”. Según el Gobierno, el organismo cuenta actualmente con más de 6000 empleados y un presupuesto anual de $229.000 millones.

En el caso del INASE, sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura, al igual que las del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), que también pierde su autarquía. Se disolverá además la Conase (Comisión Nacional de Semillas), que será reemplazada por un Comité Asesor honorario sin poder de decisión.

Una nueva arquitectura de poder en el agro
Según el borrador del decreto, la reforma del INTA responde a un diagnóstico de “graves deficiencias administrativas” detectadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que incluyó falta de control en compras, contrataciones y distribución de fondos.

El nuevo esquema plantea que el organismo sea conducido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem. Además, se relevarán bienes, se transferirán recursos a la AABE y se modificarán sus estructuras internas bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde el Gobierno afirman que el objetivo es “terminar con organismos que funcionaban como cajas políticas” y que habían perdido contacto con las verdaderas necesidades del sector agroindustrial. Se cuestiona al INTA por haber priorizado en los últimos años líneas vinculadas a la agroecología y la agricultura familiar, “alineadas a la Agenda 2030”.

“Hay organismos que crecieron con una lógica de burocracia que terminaba compitiendo con el sector privado o desviándose de su misión original”, explicó Sturzenegger. Afirmó además que las reformas son temporales y se enmarcan en la habilitación legislativa por un año.

Para el oficialismo, el nuevo rol del INTA estará centrado en la investigación y generación de tecnología aplicada, dejando de lado funciones de extensión o desarrollo territorial. “El carácter descentralizado no generó eficacia, sino dispersión y descontrol”, indicaron.

Pero desde adentro del INTA las críticas no tardaron en llegar. Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional Córdoba, advirtió que con esta decisión “se rompe con un sistema de gobernanza virtuoso, donde el sector productivo y la ciencia decidían en conjunto”.

“El INTA tiene casi 70 años. Esta reforma no es para mejorarlo, sino para vaciarlo políticamente. Se pierde autonomía, capacidad de decisión técnica y legitimidad territorial”, lamentó. También advirtió que las consecuencias podrían ser graves para los pequeños productores y para la innovación agropecuaria en el interior.

Panatti insistió en que existían propuestas internas para modernizar al organismo, reducir burocracia y optimizar recursos. “Se perdió una oportunidad de hacer una reforma consensuada desde el territorio. Ahora, lo que se gana en control político, se pierde en legitimidad técnica”, concluyó.