El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su plan de desregulación estatal. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca eliminó un conjunto de resoluciones agropecuarias dictadas entre 1991 y 2006, consideradas obsoletas o superadas por normativa posterior, con el objetivo de simplificar el marco regulatorio vigente.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 209/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La disposición se enmarca dentro del proceso de modernización del Estado establecido por el Decreto 70/2023, que promueve la eliminación de regulaciones innecesarias y la reducción de la carga administrativa sobre el sector productivo.

Según el texto oficial, la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) fue la encargada de elaborar el anexo con las normas que quedan sin efecto. En total, se derogaron ocho resoluciones que databan de entre 1991 y 2006 y que, según el organismo, ya no resultaban aplicables al esquema actual de control sanitario y comercial.

Entre las disposiciones eliminadas figuran normas históricas como la Resolución 302/1991, que había creado el Certificado Argentino de Calidad para granos exportados; la 209/1994, que fijaba aranceles del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV); y la 1040/1994, que regulaba el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.

También se dejaron sin efecto regulaciones vinculadas con la cuarentena post-entrada de vegetales (Resolución 292/1998), la producción y comercialización de plantas de olivo (Resolución 811/2000) y el control de plagas en la fruticultura, como la Carpocapsa, contemplada en las Resoluciones 391/2001, 1269/2004 y 497/2006.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “profundizar y unificar los cambios normativos” para otorgar mayor simplicidad, transparencia y razonabilidad a los procedimientos del sector agropecuario. Además, recordó que el Plan de Modernización del Estado (Decreto 434/2016) y las buenas prácticas regulatorias del Decreto 891/2017 instan a suprimir normas que representen cargas innecesarias.

“Se considera necesario mantener un marco regulatorio actualizado, dinámico y acorde a la realidad productiva”, sostiene la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien destacó que la medida apunta a consolidar un entorno más previsible para la iniciativa privada.

La disposición entrará en vigencia este jueves y forma parte de una revisión más amplia de la normativa agropecuaria que el Gobierno planea continuar en los próximos meses, con el objetivo de simplificar los procedimientos y reducir la burocracia en las actividades vinculadas a la producción y exportación de alimentos.