El próximo 15 de septiembre es la fecha límite para que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Economía, eleve ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2026.

Tal fecha, además de servir de parámetro para observar cuáles son las proyecciones del Gobierno para el próximo ejercicio, constituye una suerte de botón de inicio para que también las diferentes administraciones provinciales den a conocer sus estimaciones de gastos e ingresos.

En un contexto en que el peso de los impuestos es la principal preocupación que existe con relación a la rentabilidad del campo, conocer precisamente qué previsiones están pensando los gobernadores es clave para los productores y para los dirigentes del sector.

En ese sentido, además de los archiconocidos reclamos por las retenciones y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en esta época del año otro impuesto que suele generar rispideces entre el campo y las autoridades provinciales es el Inmobiliario Rural.

EL DEBATE POR EL INMOBILIARIO RURAL, CAPÍTULO CÓRDOBA
En el caso de la Provincia de Córdoba, por ejemplo, el plazo tope para dar a conocer la pauta presupuestaria 2026 es el 15 de noviembre.

Y anticipándose a un debate que seguramente volverá a ser álgido, la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) ya empezó a abrir el paraguas al respecto.

Lo hizo a través de su presidente, Eduardo Riera, el sábado por la tarde durante el acto de apertura oficial de la 78° Expo Rural, que comenzó el viernes y finalizará este domingo en el predio de la entidad en el norte cordobés.

“Queremos manifestar con total claridad nuestra voluntad y necesidad de ser convocados e invitados por el gobierno provincial a la mesa de negociación del impuesto inmobiliario rural para el año 2026. Como productores y actores fundamentales del interior de Córdoba, consideramos imprescindible participar en el diálogo que definirá las condiciones de esta carga fiscal”, expresó Riera desde el escenario.

Acto seguido, habló sin medias tintas: “Y queremos dejar algo muy claro: no hay más margen para aumentos. El sector ya está al límite, y un incremento en el impuesto inmobiliario rural sería un golpe directo al empleo, a la inversión y el arraigo”.

Para Riera, “el camino debe ser la búsqueda conjunta de soluciones que promuevan el desarrollo y la sostenibilidad, no más presión impositiva sobre quienes generan alimento para todos, riqueza para la provincia y progreso para la comunidad”.

Luego, amplió: “Nuestra intención es que sean dos mesas: una para el sur y otra para el norte (de la provincia), porque las realidades son totalmente distintas. Necesitamos que se trabaje en profundidad en nuestro arco noroeste de Córdoba”.

fuente: infocampo