La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un pedido clave para el sector agropecuario: la inclusión de un “emplazamiento” que exige el tratamiento de los derechos de exportación (DEX).

Si la sesión logra quórum y se alcanza la mayoría de votos necesarios, la comisión de Agricultura estará obligada a abordar el tema dentro de los próximos 15 días.

Aunque la iniciativa no implica una aprobación directa, representa un avance institucional en la agenda que el campo viene reclamando desde hace años.

La medida llega en el marco de una ampliación del temario de la sesión, que también contempla otros asuntos sensibles como la situación del Hospital Garrahan y la actualización presupuestaria para universidades. Esta ampliación, sin embargo, genera incertidumbre respecto a si efectivamente se alcanzará el número de legisladores presentes para iniciar el debate.

Debatir retenciones es clave para definir el rumbo fiscal y productivo del agro
Desde Barbechando, organización que impulsa la agenda agropecuaria en el Congreso, destacaron que es “una oportunidad para trabajar en la eliminación total” de las retenciones.

En una serie de informes difundidos recientemente, la entidad argumentó que estos derechos generan “daño a los productores, menor ingreso de divisas y menor desarrollo para el interior”.

Debatir retenciones es clave para definir el rumbo fiscal y productivo del agro
Desde Barbechando, organización que impulsa la agenda agropecuaria en el Congreso, destacaron que es “una oportunidad para trabajar en la eliminación total” de las retenciones.

En una serie de informes difundidos recientemente, la entidad argumentó que estos derechos generan “daño a los productores, menor ingreso de divisas y menor desarrollo para el interior”.

Uno de los puntos más citados en los informes técnicos elaborados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) es el impacto económico positivo que tendría una eliminación total de las alícuotas.

Según esas estimaciones, se podrían sumar 147 millones de toneladas de cereales y oleaginosas hacia la campaña 2028/29 y crear más de 55 mil puestos de trabajo.

Además, se reduciría la cantidad de superficie agrícola considerada “inviable” desde el punto de vista económico.

El análisis también mostró que el costo fiscal neto de mantener las alícuotas rebajadas es de US$608 millones (0,12% del PBI), pero el impacto en la producción, el empleo y la recaudación indirecta podría ser ampliamente superior. “No se trata solo de una decisión fiscal, sino de una estrategia de desarrollo federal”, señalaron desde la organización.

Tres escenarios están en discusión: mantener las alícuotas actuales, aumentarlas o avanzar hacia una eliminación gradual. Si se optara por subir las tasas, como sucedió en años anteriores, = sea las que rigen desde este 1° de julio, el 80% de la superficie de soja de primera y el 60% del maíz cultivado en campos arrendados pasaría a ser económicamente inviable, según datos de CREA.

En la Cámara de Diputados ya se acumulan al menos siete proyectos de ley vinculados a los derechos de exportación que esperan ser tratados en comisión.

Entre ellos se destacan iniciativas como la eliminación total de las retenciones al trigo (Expediente 1271-D-2024), la creación de un plan quinquenal de reducción progresiva hasta su eliminación definitiva (6875-D-2024), y propuestas de derogación del artículo 755 del Código Aduanero, eje legal que habilita el cobro de estos tributos (7560, 7660 y 7350-D-2024).

También figuran proyectos para prohibir aumentos durante 2025 (1630-D-2025) y establecer un régimen de reparación histórica para el campo argentino.

La carpeta legislativa refleja la presión creciente del sector agropecuario para que el Congreso discuta una reforma de fondo sobre el esquema de retenciones.

fuente:tn