El Gobierno autorizó la importación de maquinaria usada con menos restricciones

El Gobierno autorizó la importación de maquinaria usada con menos restricciones

A través de un decreto, se eliminó el requisito del CIBU para bienes de capital usados. La medida busca agilizar el ingreso de maquinaria como tractores y cosechadoras, con un arancel máximo del 35%.

El Gobierno Nacional simplificó la importación de bienes de capital usados mediante el Decreto 273/25, que elimina requisitos previos como el Certificado de Importación de Bienes de Capital (CIBU), en vigencia desde 1994. La decisión incluye equipos agrícolas como tractores, cosechadoras y herramientas vinculadas a la industria lechera, con un arancel máximo del 35%.

Hasta ahora, los bienes comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur requerían autorizaciones especiales para ingresar al país, en especial cuando competían con producción local. La nueva normativa permite el ingreso más ágil de maquinaria, con el objetivo de desregular y dinamizar la actividad productiva.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó el cambio señalando que “en Argentina estaba prohibido importar bienes de capital usados. Es como si se prohibiera la venta de autos usados: el absurdo queda a la vista”.

Alerta en el sector industrial

Desde la industria advierten que la apertura sin condiciones podría afectar la producción local, tanto de empresas nacionales como de filiales de multinacionales con fábricas en el país. Temen que el ingreso masivo de maquinaria usada genere una competencia desleal, en un mercado internacional con excedentes por la caída de ventas.

El decreto también podría facilitar maniobras de subfacturación o dumping, al reducir los controles previos. Por eso, algunos sectores piden que se acompañe la desregulación con herramientas de fiscalización eficaces para evitar impactos negativos.

La norma derogada se implementó en los años noventa, en un contexto de fuerte apertura económica. Su objetivo original era proteger a la industria nacional de los efectos adversos de una competencia externa desigual, algo que varios analistas consideran aún vigente.

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