El Gobierno nacional autorizará la importación de vacunas contra la fiebre aftosa y otros productos veterinarios provenientes de países con estándares sanitarios equivalentes a los de Argentina. La medida apunta a reducir los altos costos de estos insumos, claves para la actividad ganadera.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció que los tiempos de aprobación se reducirán drásticamente: pasarán de hasta dos años a un máximo de 90 días hábiles. “Se espera un fuerte impacto en productos como la vacuna contra la aftosa, que cuesta mucho más en Argentina que en países vecinos”, expresó.

En Argentina, cada dosis se paga alrededor de 1,20 dólares, mientras que en Paraguay y Uruguay cuesta entre 0,37 y 0,50 dólares. Esta diferencia fue el eje de una denuncia presentada por la firma Tecnovax y la Sociedad Rural del Sur de Salta ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Tras la investigación, la CNDC concluyó que existen “barreras regulatorias injustificadas” que limitan la competencia. Entre ellas, exigencias técnicas obsoletas, trabas al reconocimiento de certificaciones internacionales y un sistema cerrado de entes sanitarios que impide la entrada de nuevos jugadores.

Con el respaldo de Caputo, el Senasa avanzará no solo en facilitar la importación, sino también en reformar el sistema de distribución y aplicación de las vacunas. La idea es permitir que veterinarios privados y empresas compitan libremente con los actuales entes sanitarios.

“Los productores deben tener libertad para elegir quién les aplica la vacuna. Hoy eso está restringido por normativa y por limitaciones geográficas impuestas a los entes”, señala el documento oficial. También se cuestiona que solo puedan operar entidades sin fines de lucro, excluyendo a veterinarios o empresas privadas.

La CNDC propone eliminar los artículos que obligan a establecer aranceles fijos determinados por el Estado. En cambio, recomienda que los precios sean pactados entre las partes para fomentar una mayor competencia y transparencia.

Aunque la campaña de vacunación de este año ya está en curso, el cambio regulatorio podría permitir el ingreso de dosis importadas a partir de 2026. Mientras tanto, el Gobierno apunta a desmontar un sistema que, según afirman, encarece los costos y limita la eficiencia del servicio veterinario en el país.