La iniciativa, debatida recientemente por las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, propone reducir las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos a diez metros para las pulverizaciones terrestres y cuarenta y cinco metros para las aéreas respecto de viviendas, escuelas rurales, cursos de agua y zonas habitadas.

Rodríguez manifestó que el proyecto genera “profunda preocupación” en sectores científicos y sociales, al considerar que implicaría “dar varios pasos atrás de todo lo avanzado en Salud y Ambiente”. En el documento, el consejero advirtió que la medida “representa un verdadero atropello a la Constitución Nacional”, en particular al artículo 41, que establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y el deber de las autoridades de preservarlo. En este sentido, subrayó que la propuesta legislativa “viola los principios de protección ambiental y de reparación de los daños ecológicos” que la Carta Magna impone como obligación del Estado.

El planteo enviado al CCEDS sostiene que es imperioso que los representantes de Corrientes en la Cámara de Diputados de la Nación “se manifiesten en contra de este proyecto”, al considerar que su aprobación implicaría un retroceso en materia de salud pública y ambiental. “Es necesario que el Consejo se expida en la voz de nuestros representantes en el Congreso Nacional con el voto negativo de este proyecto de ley”, remarcó Rodríguez, solicitando que se defienda la integridad de las normativas vigentes en materia ambiental y se respalde la participación ciudadana prevista en la Ley General del Ambiente N° 25.675.

IMPACTOS SANITARIOS Y CIENTÍFICOS DENUNCIADOS

En su presentación, el genetista recordó que existen “pruebas fidedignas acumuladas” sobre los efectos de los productos fitosanitarios en la salud humana, mencionando que se han registrado “vidas estropeadas, dolencias y enfermedades de toda índole” vinculadas a la exposición prolongada a agroquímicos. Entre los padecimientos enumeró el Parkinson, Alzheimer, autismo, celiaquía, disfunciones tiroideas, esclerosis, miastenia, alergias, cáncer, deformaciones fetales y nacimientos sin vida. El profesional aseguró que estos casos “están contabilizados y registrados”, y que su gravedad exige medidas más estrictas de prevención y control.

Rodríguez observó que, aunque “existen pocos estudios epidemiológicos”, los resultados disponibles “demuestran con claridad los riesgos y las consecuencias del uso intensivo de agrotóxicos”. Destacó que las evidencias científicas sobre la materia “lejos de ser un banderazo ambientalista, son causas probadas” y deben ser consideradas con el rigor que corresponde a políticas de salud pública. Según explicó, los productos fitosanitarios “actúan como disruptores endocrinos y metabólicos genéticos”, ya que sus moléculas “interfieren en la lectura de los genes que codifican proteínas y aminoácidos esenciales”, alterando la expresión genética y provocando patologías graves.

En ese marco, el consejero expresó que la propuesta legislativa no toma en cuenta los conocimientos acumulados sobre los efectos de los agroquímicos y, por el contrario, “minimiza los riesgos ambientales y sanitarios que la ciencia ha documentado en los últimos años”. Rodríguez advirtió que una reducción de las distancias mínimas de aplicación “aumentaría significativamente la exposición de las poblaciones rurales y periurbanas a compuestos químicos peligrosos”, afectando tanto la salud humana como la biodiversidad. Señaló que esta situación “reclama una respuesta institucional inmediata”, que garantice el cumplimiento del principio precautorio consagrado en la legislación argentina.

El documento enviado al CCEDS también hace referencia al marco normativo que ampara los derechos ambientales en la provincia de Corrientes. Rodríguez recordó que la Constitución provincial reformada en 1993 incorporó explícitamente el principio de “preservar el ambiente sano” en su preámbulo, integrando la protección ecológica como uno de los pilares del desarrollo sostenible. “Corrientes es una de las provincias que enarbola el artículo 41, integrándolo en su Preámbulo actual”, destacó el genetista, y añadió que esta base jurídica “constituye además el fundamento del Plan Estratégico Participativo 2030”, que orienta las políticas de desarrollo provincial con enfoque ambiental.

RECLAMO POR PARTICIPACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE

Rodríguez enfatizó que la defensa del ambiente no puede quedar relegada a un asunto sectorial o técnico, sino que “requiere la intervención activa de los organismos de representación social y científica” que integran el CCEDS. Por ello, solicitó que el Consejo eleve una posición institucional clara ante la Comisión Directiva y promueva una manifestación pública en defensa de la salud y del ambiente. Según expresó, el rol del organismo es clave para “garantizar que los intereses colectivos prevalezcan sobre los económicos”, especialmente cuando están en juego la vida humana y la integridad del territorio.

El petitorio insta a que los representantes provinciales actúen conforme a los principios de la Ley General del Ambiente, que establece la necesidad de garantizar la participación ciudadana en todos los procesos de toma de decisiones que puedan afectar el equilibrio ecológico. “Debe incorporarse la participación ciudadana conforme a la Ley 25.675”, señaló Rodríguez, destacando que este mecanismo permite transparentar las decisiones políticas y asegurar que la sociedad tenga voz en cuestiones que comprometen su bienestar. En su opinión, el debate legislativo sobre fitosanitarios “debe basarse en criterios científicos y no en conveniencias coyunturales”.

En otro tramo del escrito, el genetista manifestó que “el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la salud de sus habitantes”, y que esa responsabilidad incluye “la regulación estricta de los agentes químicos que se aplican en los sistemas productivos”. Indicó que la reducción de las distancias de resguardo propuesta por el proyecto “desconoce la magnitud del problema y prioriza la rentabilidad sobre la seguridad”, lo que podría derivar en daños irreversibles al ambiente y a las comunidades rurales. Por ello, instó al CCEDS a emitir un pronunciamiento “en favor de la vida humana y del ambiente como un todo”.

El escrito concluye con una apelación al compromiso institucional y ético de los miembros del Consejo. Rodríguez afirmó que su pedido “no responde a intereses particulares, sino al deber de resguardar los derechos fundamentales consagrados por la Constitución”. Agradeció el acompañamiento de los integrantes del CCEDS y expresó su confianza en que el organismo “sabrá actuar con responsabilidad y celeridad ante una situación que compromete el futuro ambiental y sanitario del país”. El documento fue rubricado en Virasoro el 19 de octubre de 2025 y remitido formalmente a la Presidencia del Consejo.

La solicitud del consejero se suma a los pronunciamientos de organizaciones científicas y sociales que reclaman una política de Estado coherente con los compromisos ambientales asumidos por la Argentina en el ámbito nacional e internacional. La propuesta de ley, según estos sectores, “debilita los estándares de protección ambiental” y contradice los principios de prevención, equidad intergeneracional y sustentabilidad.