La posible intervención del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) mantiene en vilo a trabajadores, universidades y entidades rurales del país. Desde la seccional correntina de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), Gabriel Escobar Bonfanti advirtió sobre el impacto de un inminente decreto presidencial que modificaría la estructura del organismo y pondría en riesgo su misión de apoyo a las economías regionales.

En declaraciones a Radio UNNE, Escobar explicó que el decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, implicaría una profunda reestructuración del INTA. Entre los cambios, se reduciría el número de miembros del Consejo Directivo y se eliminaría la participación de las universidades nacionales, alterando el carácter autárquico y plural del organismo.

“El Consejo está compuesto por diez miembros, de los cuales tres representan al Estado y siete a instituciones del ámbito público-privado, incluyendo las facultades de Agronomía y Veterinaria. Es un modelo que garantiza diversidad y enfoque técnico en las decisiones. Si el Estado tiene mayoría y capacidad de desempate, se pierde esa pluralidad”, argumentó Escobar.

Desde APINTA señalan que el nuevo esquema, con cuatro representantes del Estado y cuatro del sector privado —y la presidencia como voto definitorio en caso de empate—, transformaría al INTA en una herramienta controlada por el Ejecutivo. Esto, según el dirigente, limitaría su capacidad para atender las verdaderas necesidades del agro argentino, en especial de los pequeños productores.

Además, el decreto prevé el cierre de unidades locales, la creación de cinco macroregiones en reemplazo de las 15 actuales y la eliminación de programas de extensión territorial. “La investigación que hoy llega al productor de base se vería completamente interrumpida. Es desarmar las regionales que funcionan en cada provincia”, alertó Escobar.

Cómo afectará el recorte

El achicamiento del INTA también alcanza al personal técnico. Desde la asunción de Javier Milei, ya se han perdido alrededor de mil puestos de trabajo, y se anticipa un recorte adicional del 30% de la planta actual. En Corrientes, por ejemplo, hay 17 becarios formándose en áreas clave como producción de búfalos, cuya continuidad también está en duda.

“Que no se renueven esas becas sería una pérdida enorme. Se trata de profesionales que están invirtiendo en conocimiento aplicado, y sin una estructura que lo contenga no habrá forma de transferirlo al territorio”, explicó Escobar. Además, expresó su preocupación por el giro en las líneas de investigación: “Vamos hacia un INTA orientado solo a las grandes producciones, dejando afuera a quienes más lo necesitan”.

El reclamo de APINTA no está solo. La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades agropecuarias del país, también se manifestó en contra de la medida. Consideran que la reforma amenaza la autonomía del Instituto y su capacidad de brindar asistencia técnica en todo el territorio nacional.

En una carta pública, advirtieron que las agencias de extensión rural son fundamentales para el desarrollo productivo: “Los productores necesitan un organismo eficiente, con presencia en el territorio. El financiamiento del INTA debe verse como una inversión, no como un gasto”, señalaron.

En sintonía, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó la exclusión de las universidades del Consejo Directivo del INTA. Valoraron el rol del organismo en la investigación y la transferencia tecnológica para el agro y pidieron al Gobierno nacional abrir una instancia de diálogo que evite el vaciamiento institucional.

“Defendemos un INTA independiente, que continúe produciendo tecnología de alto impacto local y exportando conocimiento. Lo que está en juego es el futuro del desarrollo agropecuario federal y sustentable del país”, concluyeron desde el CIN.