En un contexto de reformas económicas y desregulación, el campo argentino volvió a poner sobre la mesa un viejo reclamo: una nueva Ley de Semillas. La normativa vigente data de 1973 y distintos actores del sector agropecuario coinciden en que ya no responde a las necesidades productivas ni tecnológicas del siglo XXI.

Aunque el tema no está contemplado en la agenda legislativa de este año, el debate se reavivó en Jonagro, el encuentro organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se escucharon voces de peso, tanto del mundo empresarial como de la dirigencia rural.

Durante uno de los paneles empresariales del evento, tomaron la palabra Juan Farinati, CEO de Bayer Cono Sur, y Juan Lariguet, de Corteva Agriscience. Ambos ejecutivos coincidieron en que sin una ley moderna que reconozca la propiedad intelectual sobre las semillas, no habrá condiciones para impulsar más inversión ni desarrollo tecnológico.

Un marco legal para avanzar

“Tenemos un estancamiento de casi 30 años en inversión en soja. No había empresas que apostaran al mejoramiento genético, porque no hay seguridad jurídica que proteja esa inversión”, sostuvo Lariguet. Para el directivo, “la productividad es el único camino”, y recordó que más del 40% de la soja sembrada hoy en el país se produce bajo acuerdos de reconocimiento de propiedad.

Lariguet también destacó el rol de organismos como el Senasa y el Inase en el registro y aprobación de tecnologías, aunque admitió que todavía falta avanzar en materia legal. “Argentina tiene un sistema sólido en lo técnico, pero anticuado en cuanto a propiedad intelectual”, agregó.

Por su parte, Farinati valoró el proceso de “desburocratización” que promueve el Gobierno. “La introducción de tecnología fue menor de lo que el productor hubiese querido. Las nuevas reglas pueden acelerar el acceso a innovación”, señaló. También se mostró optimista con las reducciones impositivas y apuntó a medir el costo por tonelada producida y no por hectárea.

Las entidades buscan puntos de encuentro

Desde el lado de las entidades rurales, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, propuso reabrir el debate interno. “La tecnología llegó para convivir con el productor. Es sano que las empresas quieran ganar, como también lo es que el productor pueda sostenerse”, afirmó. Y adelantó que su organización volverá a analizar su apoyo a la adhesión al convenio internacional UPOV 91, que en su momento solo fue respaldado por Coninagro.

Magnano remarcó que es momento de sentarse a dialogar. “Lo más sano sería que cada uno tome la porción que le toque. Nadie quiere invertir sin obtener un rédito. Veremos si acompañamos un nuevo proyecto, pero creemos que es el camino”, concluyó.

El anfitrión del evento, Carlos Castagnani, presidente de CRA, también se refirió al tema. “La ley actual genera un gris jurídico. Argentina tiene Ley de Semillas y Ley de Patentes, pero no hay una solución integral. Hay que consensuar”, afirmó.

Para Castagnani, las empresas proyectan un “incremento de rentabilidad que el productor ve como excesivo”. Sin embargo, sostuvo que la voluntad de avanzar existe, siempre y cuando los costos sean razonables. “Los productores no están en contra, pero necesitan que los números cierren”, apuntó.

El dirigente señaló que las negociaciones pueden necesitar la intervención de una tercera parte, en alusión al Estado nacional. “El Gobierno no debe intervenir, sino mediar. Tal vez sea necesario un actor que achique las diferencias”, propuso.

Por ahora, la Ley de Semillas sigue fuera del radar del Congreso. Sin embargo, el empuje de empresas y entidades rurales podría reactivar el debate legislativo en 2025. La clave estará en encontrar un proyecto que equilibre intereses, garantice derechos y promueva una mayor productividad en el agro argentino.