Más allá de que se espera que la cosecha de soja y maíz casi duplique a la obtenida en la fatídica campaña 2022/23, en el campo se empieza a sentir un sinsabor porque las cuentas ya no serán tan buenas como se pensaba. Esto es así porque la suba de costos productivos y la baja de los precios internacionales de los granos provocaron, entre otras cuestiones, que la presión impositiva sobre el sector escale seis puntos porcentuales respecto al trimestre pasado y hoy el Estado se lleve el 65% de la renta del sector.

Así lo indica un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que dio cuenta de un incremento en la presión del fisco por “la suba de costos y la caída de precios”, sostuvo la economista jefe de la institución, Nicolle Pisani Claro. De ese 65% que absorbe el Estado de la renta del productor, el 94% corresponden a impuestos nacionales, el 5% a provinciales y el restante 1% a las cargas municipales.

En este sentido, Pisani Claro explicó que “para entender por qué aumentó la presión tributaria hay que detenernos en qué mide el índice FADA: cuánto de la renta agrícola se va en impuestos. La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta”.

Por su parte, su colega Natalia Ariño apuntó que dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, remarcó la economista de FADA.

Si se realiza un análisis cultivo por cultivo, se puede observar que, por lejos, el trigo es el más perjudicado por este contexto, ya que 83,9% de la renta queda en manos del Estado, mientras que en el caso de la soja esa participación escala al 68,4%. Un poco mejor es la situación del maíz, ya que la presión tributaria asciende al 57,3% de la renta, a la vez que la del girasol se ubica en el 54,1%.

Por otro lado, si se divide por provincias, los productores cordobeses son los más perjudicados con un 64,9% de apropiación de su renta, mientras que en Buenos Aires es del 61,9%, en Santa Fe del 61,1%, en La Pampa del 62,9%, en Entre Ríos del 65,4% y en San Luis del 59,9%. “Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, expuso Pisani Claro.

Además, el informe puntualizó que en esta medición en particular se consideraron los incrementos para 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. “En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% hasta 250%”, detalló el trabajo.